En este caso se invoca la llamada Ley Antiterrorista, un resabio de la dictadura de Pinochet, reciclada en democradura como herramienta legal para la criminalización del pueblo mapuche. Recordemos que por este mismo caso han sido perseguidos también la machi Francisca Linconao, así como el machi Celestino Córdova, quien hace 23 días ha retomado la huelga de hambre que mantuvo por más de tres meses este año, ante la negativa del Estado a dar cumplimiento a un tratamiento médico que le indica asistir a renovar su rewe.

Es tal la inconsistencia del montaje policial, que en Octubre del 2017 el mismo tribunal absolvía a los 11 imputados ante le falta de evidencias y la cuestionable validez de las pruebas presentadas, especialmente la declaración de Peralino, quien acusó haberla dado bajo presiones y tortura.

Pero este año asumió el gobierno la derecha y al parecer quiere darle el gusto a los latifundistas con un chivo expiatorio.

Así es como han reabierto el caso con las mismas pruebas, pero dejando libres a ocho de los imputados y aplicando esta condena a los Tralcal y Peralino.

No tiene ningún sentido. A esto hay que agregar que una fiscal renunció antes de la sentencia, acusando presiones.

A todas luces, se trata de un montaje policial con fines de persecución política.