La implementación del modelo extractivista en Guatemala ha violentado sistemáticamente los derechos fundamentales de los pueblos como el derecho a la consulta previa e informada, el derecho al territorio, el derecho a la organización y el derecho a un desarrollo propio y alternativo. Esta situación ha generado una movilización comunitaria articulada, pacífica y democrática expresada en las consultas comunitarias de buena fe que han dado como resultado un rechazo rotundo a este modelo económico. El Estado de Guatemala y las empresas, desconociendo derechos y demandas legítimas de los pueblos, han optado por la judicialización de la resistencia pacífica, criminalizando las luchas sociales. En este contexto los organismos del Estado se han alineado claramente a favor de los intereses de las empresas privadas nacionales y transnacionales que pretenden usurpar los bienes naturales estratégicos como petróleo, minerales metálicos preciosos, ríos y territorio, en detrimento de los derechos fundamentales de los pueblos. Desde el Organismo Ejecutivo se promueve la militarización del territorio y la utilización de las fuerzas de seguridad para establecer control comunitario, así como la movilización de fuerzas combinadas en las comunidades con clara intención de provocar confrontación.